Para que no sucediera lo mismo que con la abortada LOCE del Partido Popular en 2004 que derogó el PSOE en cuanto llegó al gobierno, la LOMCE se ha implantado con prisas y sin ningún consenso.
La impresión que se tiene en los centros educativos es que importaba más que se empezara a aplicar cuanto antes para que cuando llegaran las elecciones fuera más complicado su derogación. Sin embargo, la improvisación, los desajustes y los numerosos problemas que está generando han producido un notable rechazo en la comunidad educativa.
De la misma manera está ocurriendo con la implantación de los currículos de las diversas etapas educativas. No es de recibo que medidas tan importantes se estén aprobando deprisa y corriendo sin tiempo para debatirlos convenientemente. No es nada pedagógico que estos currículos se aprueben al final del curso para implantarlos al siguiente sin tiempo para implementar las medidas oportunas para ajustar todos los cambios, los problemas de las editoriales, etc.
Además lo más preocupante de esta situación es que los principales avances que estamos reclamando los profesionales de la educación desde hace años, tal como tener en cuenta la educación emocional o la formación psicopedagógica del profesorado brillan por su ausencia.
Los cambios de unas materias por otras, hacer dos itinerarios para el 4º de ESO o dar más peso a la materia de Religión, no eran los cambios que está demandando la comunidad educativa.
Exigimos un sistema educativo más centrado en el alumnado y sus familias, mucho más abierto y flexible que permita éxito escolar a todo el alumnado independientemente de su capacidad cognitiva o de sus circunstancias sociofamiliares. Es necesario que se atienda a la diversidad desde la educación infantil, que se traten a tiempo los trastornos y problemas tan importantes como el TDAH, el ciberbullying, la anorexia, la desmotivación, la ciberadicción o la disrupción. Todo ello precisa de unas ratios que permitan una atención más personalizada y con mucho más peso para la acción tutorial. En definitiva un sistema educativo acorde a las exigencias de la sociedad.
Observamos con preocupación que las leyes educativas obedecen más a las cuestiones ideológicas que a las pedagógicas.
En estos momentos en que se acaban de celebrar las elecciones autonómicas y municipales, y a punto de terminar el curso, los centros educativos estamos totalmente desorientados. Los partidos políticos que previsiblemente van a conformar los nuevos gobiernos han advertido que van a suspender la aplicación de la LOMCE y cuando tengan la posibilidad procederán a su derogación ¿otra vuelta a empezar? Es preciso saber con urgencia en qué van a consistir los cambios así como cuándo y de que manera de van a implantar y todo ello, ¿no se enriquecería si se escuchara a los profesionales de la educación, al alumnado, sus familias y a la opinión pública?, ninguna ley educativa reunió tanto consenso en su reprobación.
Muchas dudas nos acechan todavía, es más, vivimos con la incertidumbre constante e incluso con la sospecha de que quienes tienen que decidir, todavía están pensando, es más improvisando medidas…. Dudas como ¿se mantienen los actuales programas de diversificación curricular en 4º de ESO?, ¿cómo alcanzará el título el alumnado que curse los nuevos programas de mejora del aprendizaje en 3º de ESO en el curso 2015-16?, ¿la elección de matemáticas de 3º de ESO vincula obligatoriamente con un tipo de 4º de ESO?, ¿la realización de un tipo u otro de reválida de 4º de ESO conllevará un título diferente?, ¿habrá alumnado que no pueda cursar bachillerato aún teniendo el graduado por haber hecho la reválida del 4º de enseñanzas aplicadas?, ¿los libros de texto tendrán en cuenta los nuevos currículos?, ¿el título de formación profesional básica dará acceso a la reválida y por consiguiente al graduado?, ¿cómo será el acceso a la universidad en 2017? Las preguntas se multiplican porque el sistema carece de coherencia y hace aguas a cada paso.
Ante esta situación parece más prudente aplazar la implantación de la nueva ley educativa hasta llegar a una situación política más estable. Mucho nos tememos que los verdaderos paganos de esta indefinición será una vez más el alumnado, sobre todo quienes tienen más dificultades.
Por todo ello exigimos, una vez más, un Pacto por la Educación que tenga en cuenta a todos los agentes sociales, a los profesionales de la educación y a los partidos políticos.
Pedimos a nuestros gobernantes que, al menos, se pongan de acuerdo en un sistema educativo estable y que las cuestiones “de partido” no influyan en las leyes sobre educación, sino que se basen en los criterios técnicos de las ciencias de la educación y en la psicopedagogía y que no pierdan el objetivo de reducir el fracaso y el abandono escolar, en definitiva, se centren en favorecer al alumnado.